En nombre de la autoridad
La defensa del orden público durante la segunda
república española (1931-1936)
Autor: González Calleja, Eduardo
Editoriales: Editorial
Comares, S.L. (Albolote, Granada)
ISBN13: 9788490451229
Fecha de edición:
01-01-2014
Páginas: 376
PVP 26.00€
RESEÑA
Analizar la evolución de los conceptos políticos y su
función social en cada momento histórico es un saludable modo de relativizar
alguno de los grandes mitos constitutivos de cualquier comunidad política. Al
igual que la idea de «democracia» (que en los años treinta no era un valor
absoluto, sino un concepto en crisis, que tenía un carácter provisorio e
instrumental para buena parte de los partidos de derecha e izquierda, y quedó
subordinada a otros términos, como los de república, reforma o revolución) , la
noción de «orden público» también tiene su propia genealogía y su particular
campo semántico, que nos retrotrae al siglo XVIII, cuando el Estado logró
erigirse en el monopolizador de la violencia legal según la clásica teoría
hobbesiana. El instrumento fundamental del orden público era la «fuerza
pública», término procedente de la Déclaration des Droits del Homme et du
Citoyen de 1789 , y que sirve para designar a fuerzas especializadas en los
menesteres de salvaguardia interna del orden sociopolítico, bajo la directa
dependencia del Estado y que veían limitada su actuación por las leyes
vigentes, a diferencia de las fuerzas armadas del Antiguo Régimen, que operaban
de forma más o menos autónoma e indiscriminada.
El término tuvo un
recorrido histórico específico en España. Con el régimen liberal comenzaron a
cristalizar una serie de procesos estrechamente ligados al desarrollo del
capitalismo. Uno de ellos fue la estructuración de la sociedad entera a partir
del funcionamiento de una serie compleja de dispositivos de vigilancia,
moralización e individualización, que tenían como fin el mantenimiento del
orden social establecido. El desarrollo práctico del concepto de «orden social»
por el conservadurismo del siglo XIX marcó los límites del alcance
transformador del ciclo revolucionario liberal-burgués que en España hacemos
arrancar convencionalmente de 1812 y finalizar en 1875. La defensa de un orden
social que era considerado como natural, inmutable e indiscutible, que debía
ser mantenido a toda costa y por todos los medios a disposición del poder
político, incluidos los violentos, era una actitud más inmovilista que
regresiva, que no admitía variaciones sustanciales en lo social (con la
primacía de los sectores de la gran burguesía y de la nobleza que aceptaban las
consecuencias del individualismo liberal y de la desigualdad natural inherente
al organicismo de cuño católico), en lo político (con el establecimiento de un
régimen liberal parlamentario de sufragio restringido y con la potenciación del
papel de la Corona, de la Cámara Alta y de la Administración militar sobre la
civil), y en lo económico, con la asunción del sistema de propiedad personal,
libre y plena, lo que implicaba aceptar las desiguales relaciones sociales que
llevaba anejo el capitalismo.
INTRODUCCIÓN:
Sobre el concepto de orden público y su evolución
1. LOS
ANTECEDENTES: LA POLÍTICA DE ORDEN PÚBLICO DURANTE LA RESTAURACIÓN
1.1. El pecado original: la
militarización del orden público
1.2. Los condicionamientos legales: la aplicación abusiva de las medidas
de excepción
1.3.
La tortuosa modernización de la función policial
1.4. El deterioro del orden público en la crisis de la Restauración
1.5. Reforzamiento y crisis de un sistema militarizado de control
colectivo: la Dictadura de Primo de Rivera
1.6. El derrumbe de la política de orden público y la caída de la
Monarquía
2. LAS
INSTANCIAS Y LOS GESTORES DEL PODER GUBERNATIVO
2.1. La evolución de los servicios
centrales del Ministerio de la Gobernación: presupuestos y personal al mando
2.2. Los directores generales de Seguridad y los servicios de
coordinación e información
2.3.
La clave del poder gubernativo: los gobernadores civiles
2.4. La suerte de la República se juega en el campo: la lucha en torno
al poder local
3. LA
SOMBRA DE CASTILBLANCO: EL PAPEL REPRESIVO Y LA DUDOSA LEALTAD DE LA GUARDIA
CIVIL
3.1. Una mentalidad ordenancista y a la defensiva
3.2. Entre Castilblanco y Arnedo: la
polémica sobre la actuación represiva de la Guardia Civil
3.3. La destitución de Sanjurjo,
el 10 de agosto y la gran reforma
3.4. La recuperación del favor oficial
durante el bienio radical-cedista
3.5. Reavivando los rencores: de Yeste al 18 de julio
4. LA
SOMBRA DE CASAS VIEJAS: LA GUARDIA DE ASALTO Y LAS TRANSFORMACIONES EN LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
4.1. La efímera creación de una Guardia
Cívica republicana
4.2. Al fin una policía moderna: la creación de la Guardia de Asalto
4.3. El duro despertar: Casas Viejas y
la brutalización de la acción policial
4.4. La militarización del Cuerpo de
Seguridad
4.5. La escasa fiabilidad política del Cuerpo de Investigación y
Vigilancia
4.6. El dispositivo de orden
público en Cataluña
5. DEFENDIENDO
LA REPÚBLICA: LAS MEDIDAS LEGALES DE EXCEPCIÓN
5.1. La Ley de Defensa de la República de
21 de octubre de 1931
5.2.
La Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933
5.3. La penalización preventiva: la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de
agosto de 1933
5.4. La limitación del derecho de asociación, el control de las armas de
fuego y la involución de los mecanismos procesales
6. EL
ESTADO CONVERTIDO EN FORTÍN: EL ENDURECIMIENTO DE LA ACCIÓN REPRESIVA DE LOS
GOBIERNOS RADICAL-CEDISTAS
6.1. Martínez Barrio y la política de reforzamiento preventivo de la
autoridad gubernativa
6.2. Salazar Alonso o el triunfo de la represión
6.3. La revolución de octubre de 1934 y la
culminación del reforzamiento del poder estatal
6.4. La evolución de la delictividad
política y social
6.5. La militarización progresiva del orden público
7. LA CRISIS FINAL DE LOS RESORTES DEL ORDEN
PÚBLICO EN LA PRIMAVERA DE 1936
7.1. Armados hasta los dientes: el cambio de signo en el poder municipal
7.2.
El recrudecimiento de la conflictividad sociolaboral
7.3. Las tentativas de depuración del Ejército, los cuerpos policiales y
la judicatura
7.4. La política preventiva y represiva de
Casares Quiroga de mayo a julio. Los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo
CONCLUSIONES: La
dificultosa renovación y el uso inadecuado de los medios coactivos del Estado
ANEXO: Cronología
de los estados de excepción durante la Segunda República (1931-1939)
SIGLAS
FUENTES
BIBLIOGRAFÍA
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